Derecho de Acceso a la Información, La Luz para Disipar la Corrupción
El derecho de acceso a la información (DAI), es un derecho humano, que además de generar conocimiento y constreñir a la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, inhibe la ignorancia y auxilia en el combate a la corrupción, lo anterior mediante solicitudes de acceso a la información. Este derecho subsume al derecho de petición y es complemento del derecho a la educación, así mismo, es la arista que complementa el derecho a la libertad de expresión, es decir, que el conocimiento es parte de la información, por lo que ésta se puede pedir a todas las personas públicas o privadas que realizan actos de autoridad en la esfera de sus atribuciones, o que posean, administren o ejerzan recursos públicos; dicha información es legalmente transmisible a terceros por cualquier medio, incluido el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s). Generar condiciones de libre acceso a la información pública, científica y tecnológica, inciden directamente en la disminución de la ignorancia en nuestro país, así mismo, genera la participación e interés de la ciudadanía en los asuntos políticos de nuestra nación, lo que conlleva a construir y garantizar la democracia con transparencia, y a su vez, coadyuva a combatir la corrupción. Es preciso entender que la corrupción nace con la falta de valores con que fue educado el funcionario público desde su infancia; por ende, es de reconocerse que si se educa con valores a las futuras generaciones, y se combate la corrupción mediante el DAI, puede erradicarse, porque la corrupción no nace con el simple hecho de ser funcionario público, y el DAI, es la luz para disipar los actos de corrupción de los presentes funcionarios públicos, con la idea de obligarlos a trasparentar todos los resultados de sugestión pública, constituyendo así, la rendición de cuentas a la ciudadanía, lo que puede impactar benéficamente en la política mexicana, así como en la ciudadanía en general, porque la rendición de cuentas juega un rol importante para impedir actos de corrupción, y no sólo en temas de economía, sino también, sobre ciencia, tecnología y acceso a justicia.
Nació en 1986, originario de Tala, Jalisco. Abogado por la Benemérita Universidad de Guadalajara, cuenta con experiencia en las disciplinas jurídicas de amparo, agrario, civil, penal, sucesorio y transparencia.
Fue titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Operativo Jurídico, y Mediador Certificado, del DIF municipal de Tala, Jalisco, en el periodo constitucional 2015 - 2018; fue Actuario Judicial Agrario, adscrito al Tribunal Unitario Agrario Distrito 15, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el año 2019.
