El presente trabajo se divide en dos partes: por un lado expone el significativo avance que representó la creación de la figura de la unidad de transparencia para la garantía del derecho de acceso a la información que tiene características instrumentales, al ser un medio por el cual se pueden ejercitar otros derechos, y por el otro, exponer de manera empírica las vicisitudes que dicha figura representa para quien la desempeña.
Se realiza una propuesta de mediación electrónica en materia de mecanismos adversariales (recurso de transparencia y de revisión) que permite dinamizar, eficientar y mejorar los procesos a la luz del enfoque del costo de los derechos propuesto por Holmes y Sunstein.
Nos encontramos ante una coyuntura tecnológica histórica, que hace impostergable que desde el Poder Legislativo (Federal y el de cada una de las entidades federativas) se realicen las reformas y adecuaciones normativas necesarias para evitar que estas lagunas legales en materia de redes sociales digitales, puedan pervertir el uso político-electoral y propagandístico de dichas herramientas de comunicación tan poderosas.
Los ciudadanos Jaliscienses por falta de capacitación respecto a prevenir los ciberdelitos, y la omisión de una normatividad severa para castigar a los practicantes ciberdelincuentes, hace que sean víctimas de robo de datos personales.
El artículo centra su atención en el análisis de las diferentes disposiciones legales en materia archivística, principalmente en el área de la recepción y tratamiento que se le da a la documentación que ingresa a las dependencias públicas para su debida y correcta atención.
El derecho de acceso a la información (DAI), es un derecho humano, que además de generar conocimiento y constreñir a la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, inhibe la ignorancia y auxilia en el combate a la corrupción, lo anterior mediante solicitudes de acceso a la información. Este derecho subsume al derecho de petición y es complemento del derecho a la educación, así mismo, es la arista que complementa el derecho a la libertad de expresión, es decir, que el conocimiento es parte de la información, por lo que ésta se puede pedir a todas las personas públicas o privadas que realizan actos de autoridad en la esfera de sus atribuciones, o que posean, administren o ejerzan recursos públicos; dicha información es legalmente transmisible a terceros por cualquier medio, incluido el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s).
El presente artículo tiene por objeto exponer de forma breve las reflexiones y hallazgos de mi tesis de maestría, misma que abordó el tema de la licitud de los perfiles digitales en la legislación mexicana de protección de datos personales.
El trabajo propone un esquema de comprensión del sistema anticorrupción en México centrado en cinco etapas: 1) control interno; 2) fiscalización o control externo; 3) investigación; 4) sanción; y 5) coordinación.
