El artículo centra su atención en el análisis de las diferentes disposiciones legales en materia archivística, principalmente en el área de la recepción y tratamiento que se le da a la documentación que ingresa a las dependencias públicas para su debida y correcta atención.
La información y los datos por si solos carecen de una propiedad o característica evidente que permita clasificarlos como privados o como públicos; esa propiedad se la otorga el Estado a través de la ley, ya que “la legislación traza una frontera y caracteriza lo público y lo privado”.
El presente artículo analiza los mecanismos anticorrupción en México desde una investigación teórico-documental, un análisis estadístico de costos, tipos y márgenes de la corrupción y de un ejercicio comparativo a la luz de los índices de percepción de corrupción de indicadores como los que ofrece Transparencia Internacional, comprobando por qué México no ha inhibido sustancialmente la corrupción si dispone de controles anticorrupción tan exhaustivos como los países mejor posicionados en el tema a nivel mundial.
El presente artículo analiza la importancia de los partidos políticos en Jalisco y el impacto de dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia, ya que al ser el vínculo principal entre la sociedad y el gobierno, juegan un papel clave en la vida democrática del Estado.
Más allá de palabras y de conceptos, Gobierno Abierto entra en la agenda pública como una herramienta comprometida con la sociedad para generar no sólo acceso a la información, sino apertura y co-creación en la toma de decisiones de las autoridades, respondiendo a cada momento en las necesidades que reclama la población.
El derecho de acceso a la información (DAI), es un derecho humano, que además de generar conocimiento y constreñir a la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, inhibe la ignorancia y auxilia en el combate a la corrupción, lo anterior mediante solicitudes de acceso a la información. Este derecho subsume al derecho de petición y es complemento del derecho a la educación, así mismo, es la arista que complementa el derecho a la libertad de expresión, es decir, que el conocimiento es parte de la información, por lo que ésta se puede pedir a todas las personas públicas o privadas que realizan actos de autoridad en la esfera de sus atribuciones, o que posean, administren o ejerzan recursos públicos; dicha información es legalmente transmisible a terceros por cualquier medio, incluido el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s).
En el presente trabajo se seguirá la siguiente dinámica con el objetivo de dar un enfoque de la transición que ha tenido la transparencia y el derecho de acceso a la información dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior, desde su incorporación al artículo 6° en el año de Mil Novecientos Setenta y Siete (1977) hasta la reforma de gran calado que viene a transformar tanto los alcances de la prerrogativa hasta el diseño institucional con la evolución del órgano garante.
Puede resultar sensible ante las autoridades municipales el tema del servicio civil de carrera, por no existir antecedentes del mismo en ésta o anteriores administraciones, sin embargo, la existencia del mismo parte desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 115, numeral II); la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; la Constitución Política del Estado de Jalisco (artículo 116); la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios (título Sexto, capítulo I); entre otras leyes aplicables que los facultan a generar y aprobar reglamentos o disposiciones administrativas en beneficio del mismo, y que en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, también menciona el profesionalismo de los servidores públicos, obligando a transparentar el ejercicio de la función pública, garantizando el acceso, la consulta, difusión y publicación de la información que genere a través de sus directores o servidores como derecho constitucional de la sociedad.
