La transparencia y la rendición de cuentas, son un baluarte en los Estados democráticos, significa el derecho a la información del pueblo que encuentra los mismos límites que la libertad de expresión; no hay libertad absoluta, ni tampoco ilimitada esta acotada para mantener el orden y la paz social, de ahí que la seguridad publica encuentra una vinculación directa y estratégica en la promoción y defensa de los derechos humanos.
El presente trabajo se divide en dos partes: por un lado expone el significativo avance que representó la creación de la figura de la unidad de transparencia para la garantía del derecho de acceso a la información que tiene características instrumentales, al ser un medio por el cual se pueden ejercitar otros derechos, y por el otro, exponer de manera empírica las vicisitudes que dicha figura representa para quien la desempeña.
Se han forjado grandes cambios y avances en materia de transparencia e información, existe el compromiso de los sujetos obligados a dar a conocer la información pública, derivado de las diversas reformas a leyes en materia de transparencia y acceso a la información a nivel federal, estatal y municipal.
Se analiza la importancia, avances y asignaturas pendientes en materia de transparencia y acceso a la información, focalizándonos en incrementar el “saber cómo” hacer de estas herramientas socialmente valiosas.
Este artículo presenta una breve reconstrucción histórica sobre las primeras prácticas de transparencia y rendición de cuentas en Jalisco.
Se realizan una serie de reflexiones en torno a las condiciones que trascienden la aplicación de normatividad en materia de transparencia desde la visión de un titular de Unidad de Transparencia, poniendo en el centro al ciudadano y sus necesidades.
El ejercicio del derecho de acceso a la información, la observancia del principio constitucional de transparencia y la protección de los datos personales, son una indispensable práctica social que fortalece la vida democrática del país.
En México el derecho a la información fue reconocido por primera vez en el texto del artículo 6° Constitucional en el año de 1977, pero fue hasta la reforma del 2007, en la que se incluyeron siete fracciones al texto original, lo que permitió regular el derecho de acceso a la información, la protección de los datos personales, la transparencia y el control de los archivos públicos, así como la creación de organismos especializados en la materia.
