El derecho de acceso a la información es reciente en la normatividad mexicana. Si bien, en 1977 se agregó un estéril reconocimiento en el artículo 6° constitucional, por los siguientes 25 años, ninguna institución del Estado mexicano se encargó de hacerlo realidad.

Gradualmente, desde la reforma constitucional de 2014, la decisión de entregar la información, que nos pertenece a todos, ya no corresponde discrecionalmente a gobernantes y funcionarios. Ahora la Constitución ordena que 32 organismos garantes estatales y uno federal (el INAI), asuman una función de Estado por encima de criterios arbitrarios de quienes gobiernan.

El INAI y los demás organismos garantes integran un Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT) y sus resoluciones obligan a entregar información a cualquiera que reciba recursos públicos o realice actos de autoridad. Todos ellos son, además, responsables de proteger el derecho a la privacidad, esto es, nuestros datos personales.

La creación y subsistencia del SNT es una conquista social. Ha representado innumerables batallas emprendidas por amplios colectivos ciudadanos, materializadas en logros como la Plataforma Nacional de Transparencia, sitio único que reúne la información de 8,500 sujetos obligados de todos los órdenes de gobierno. A través de ella se realizan 1 millón de solicitudes de información anualmente, gracias a ello se conocen datos ocultos y se evidencian casos de corrupción.

La transformación política y social del país tiene un hito histórico en la precitada reforma constitucional, a siete años de este suceso, es pertinente analizar la trayectoria y sus impactos, desde las distintas experiencias de sociedad civil, la academia, el periodismo y los actores políticos de esta importante reforma.