Iniciará una nueva etapa de apertura y transparencia en el Poder Judicial

25 de Agosto del 2020

La publicación de todas las sentencias, representa el inicio de una etapa de apertura y transparencia en el poder judicial, se estima que el ejercicio mejorará la impartición de justicia y la atención hacia la ciudadanía.

La Coordinadora de Órganos Garantes de Entidades Federativas y Comisionada Presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), Cynthia Patricia Cantero Pacheco, analizó los alcances, los impactos y las contribuciones de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la garantía, protección y promoción de los derechos fundamentales en México. Se estima que la transparencia, además de implementar la publicación de las sentencias, impulse una mejora en la impartición de justicia y la atención ciudadana.

Al respecto expresó: "Este es un paso trascendente en el camino hacia la justicia abierta, pues contribuye a lograr una mayor comprensión de las autoridades jurisdiccionales por parte de los ciudadanos; para ello, es imprescindible que los distintos tribunales estén en la disposición de informar, de transparentar su actividad primordial que es la resolución de conflictos, dando a conocer qué hacen, cómo lo hacen y por qué, para que lo hacen, el acceso a las sentencias se convierten en una herramienta indispensable".

En cuanto al impacto positivo que representa para los organismos garantes de transparencia manifestó que se han sumado esfuerzos con la sociedad civil y con las propias entidades judiciales para promover y consolidar el escrutinio ciudadano sobre sus actividades públicas, a través de la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información. La Ley General de Transparencia, estableció como obligación para todos órganos de los poderes judiciales en el país.

Al respecto explicó que: "En las 9 entidades federativas restantes, existen ligeras variaciones: En 04 estados (Tabasco, Tlaxcala, Sinaloa y Sonora) se requiere la publicación de las sentencias que sean relevantes".

"En Tabasco, la norma se refiere, además, a aquellas que hayan causado estado o ejecutoria, al igual que en los estados de Hidalgo, Coahuila y Morelos; en el caso de este último, precisa dos criterios, que hayan causado ejecutoria y sean de interés público".

Respecto al Estado de Jalisco, puntualizó que la postura ha sido, más garantista en términos de la temporalidad de esta información, pues requiere las sentencias definitivas de cuando menos los últimos diez años -ello desde el año 2012, al tratarse de sentencias definitivas, como en los casos de Tabasco, Hidalgo, Coahuila y Morelos, con esta limitación se restringe el criterio de oportunidad de la información, ya que no estarán disponibles de manera inmediata al ser aprobadas por su pleno.

La legislación de la Ciudad de México, requiere en este rubro las versiones públicas de las sentencias.

Detalló que: "Como podemos observar, en cualquiera de los casos, esta obligación se prestaba a interpretaciones", incluso, se llegó a argumentar una contradicción entre la ley general y la norma local".

Advirtió que, en este sentido, los próximos seis meses serán fundamentales para el cumplimiento de esta obligación y que existe aún una deuda con la sociedad, al respecto comentó:

"Las autoridades jurisdiccionales ?la mayoría de ellas- tienen una deuda de muchos años con la ciudadanía en materia de apertura y de rendición de cuentas. Muestra de ello, son los resultados del Índice de Estado de Derecho 2020, publicado por el World Justice Project (Proyecto Justicia Mundial), que analiza el desempeño institucional de 128 países, ubica a México en el lugar 104, del Índice Global, y le ubica en el lugar 26, entre 30 países de América Latina y el Caribe".

"Este estudio contempla dentro de su evaluación los rubros de justicia civil y justicia penal, en estos rubros, nuestro país se ubica en los lugares 116 y 119 de este ranking, respectivamente; es decir, niveles de cumplimiento bajísimos, que denotan el nivel de insatisfacción de los ciudadanos en estas materias".

Para la Coordinadora de Órganos Garantes de Entidades Federativas y Comisionada Presidente del ITEI, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, estos resultados dan cuenta, precisamente, del distanciamiento existente entre las personas y el sistema de justicia; por ello, ahora más que en cualquier otro tiempo, es necesario establecer mecanismos de apertura y cercanía hacía la sociedad, pues este distanciamiento, se exacerba con motivo de la emergencia sanitaria, debido a la suspensión de términos y el cierre de oficinas públicas, que generan mayor incertidumbre sobre el trámite y resolución de los asuntos.

"Por eso, si bien, la publicidad de las sentencias no resolverá de fondo este distanciamiento entre los ciudadanos y los poderes judiciales, sí contribuye a comprender lo que sucede dentro de los tribunales, pues el propósito de la publicación de sentencias no es solo para el conocimiento y acceso a decisiones anteriores. La difusión de las sentencias tiene otros propósitos igualmente importantes refleja la apertura institucional y la posibilidad de un control ciudadano", enfatizó.

En este sentido, destacó, que la publicidad de las sentencias constituye un instrumento de garantía de la independencia de los tribunales y de su actuación conforme a derecho; y a nivel nacional "hemos sido testigos de diversos ejemplos en los que los fallos de jueces han podido ser controvertidos al conocerse los argumentos que sustentan alguna decisión", mencionó.

Por ello, dijo, es la invitación a entender la importancia y la trascendencia de esta reforma y romper paradigmas. "Históricamente, las entidades públicas venimos arrastrando déficits presupuestarios que nos impiden dar cumplimiento a nuestras funciones y atribuciones de manera óptima, particularmente, este déficit es más perceptible en las instituciones que imparten justicia por el gran número de casos que deben atender, y es precisamente, la falta de recursos humanos y materiales, uno de los argumentos más utilizados para justificar la falta de cumplimiento de las obligaciones de transparencia".

Subrayó que hoy, la perspectiva de todos como servidores públicos deber ser amplia y de apertura, más allá de pensar que se trata de una reforma que nos dotará de mayores procedimientos y responsabilidades, el cumplimiento de esta obligación debe significar una oportunidad para contribuir a la construcción de un ejercicio judicial íntegro y más eficiente y, por tanto, al desarrollo de una sociedad más justa y democrática,

Finalmente, destacó que el ITEI, ha estado promoviendo la utilidad del este software Test Data generador de versiones públicas, entre sus homólogos en el país, con la intención de que sea implementado en los poderes judiciales de todas las entidades federativas, y en general en los más de 08 mil sujetos obligados que existen a lo largo del país. "Al día de hoy son ya 20 estados que han solicitado este programa, y poco apoco habremos de estar liberándolo con las adecuaciones a la normatividad de cada uno de los estados, para su uso", explicó.

"Los organismos garantes en todo el país, nos mantendremos vigilantes del cumplimiento de esta obligación, y estaremos en todo momento atentos para acompañarlos en este proceso de apertura, recordemos que la información no nos pertenece, es un bien público que nos sirve para tomar decisiones, cuidémoslo y difundamos información bajo esta premisa", concluyó.