El ITEI inició procesos para sancionar a 106 autoridades por no adherirse a Infomex

25 de Febrero del 2015

El Consejo manifestó su postura respecto de la iniciativa de Ley General de Transparencia que discute el Senado: Algunos artículos generan retroceso y fomentan la opacidad

Por no contar con un sistema electrónico para la recibir solicitudes y entregar información a los ciudadanos, el ITEI inició procesos de responsabilidad administrativa para sancionar a 106 autoridades de Jalisco.

"Se determinó para la Secretaría Ejecutiva que de inicio a estos procedimientos de responsabilidad, la Secretaría los tendrá que instaurar y determinar las sanciones", explicó la Presidenta del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, Cynthia Cantero Pacheco.

En sesión del pleno, se aprobó además el tabulador de sanciones que se aplicarán a los sujetos obligados que no cumplieron en tiempo con la disposición, documento que establece diferentes sanciones según el grado de incumplimiento.

"A partir del 13 de enero que se venció el plazo todas aquellas autoridades que hayan presentado su solicitud de forma posterior, o incluso no la hayan presentado, ya son acreedores a una multa económica que va de los 700 pesos hasta los siete mil, y ya se determinó el día de hoy en una instancia la apertura de 106 procedimientos", detalló la Presidenta del ITEI.

Las primeras autoridades que serán sancionadas son algunos ayuntamientos y organismos descentralizados de carácter municipal, como DIF municipales, institutos de la mujer, de la juventud y fideicomisos públicos estatales.

Cynthia Cantero consideró que no existen justificaciones para no contar con un sistema electrónico que facilite a los ciudadanos el acceso a la información pública.

"Motivos (para no cumplir) pueden ser, incluso, que hasta ni conozcan que tiene la obligación; sin embargo, la ley es muy clara: tienen que contar con ese tipo de sistemas, puede ser ese un motivo, puede ser también que no tengan la infraestructura necesaria, no es pretexto, pueden acercarse al instituto para ver de qué manera los podemos apoyar en este rubro específico, pero no existe hoy por hoy pretexto para que no hayan hecho por lo menos el trámite de incorporación", aseguró.

Durante la sesión del pleno, el Consejo del ITEI expresó su preocupación ante la posibilidad de que haya retroceso en los avances logrados.

"Es preocupante que pueda haber una regresión en la norma que eche abajo lo alcanzado en los últimos diez años, por lo que apelamos a la sensibilidad de los senadores a escuchar las diferentes voces que se escuchan no sólo en Jalisco, sino en todo el país, y que piden no dar marcha atrás a los alcances logrados", estableció la Presidenta.

Por su parte, el Consejero Ciudadano Pedro Vicente Viveros Reyes citó los nueve puntos propuestos en los que los órganos garantes del país ven riesgo de retroceso en la norma que se discute en el Senado de la República.

"Consideramos como inalienable el tema de que los órganos garantes tengan los dientes suficientes para hacer valer el derecho del ciudadano, el derecho de acceso a la información y de la protección de sus datos personales", afirmó Vicente Viveros.

En tanto, el Consejero Ciudadano Francisco Javier González Vallejo destacó que la Reforma de 2013 contó con amplio consenso social en su momento, por lo que pidió a los mexicanos estar atentos para impedir un retroceso.

"El llamado es a la sociedad civil organizada, a todos los actores involucrados a detener este intento de regresión y que tengamos una Ley General que garantice nuestro derecho de estar informados y a que tengamos autoridades totalmente transparentes para inhibir la corrupción que nos golpea tan fuerte", dijo González Vallejo.

Además, el pleno impuso amonestación pública con copia al expediente laboral de los titulares de las unidades de transparencia del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, Luis Nazario Ramírez Ortega, por no proporcionar información del transporte público; Servicios y Transportes, Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, por no dar información del proveedor de combustible de una ruta de transporte, del Ayuntamiento de Chiquilistlán, y a Patricia Guadalupe Suárez Nava, por no entregar información solicitada por un ciudadano.